20 agosto 2012

El que se quiera sentar, que pague


La plaza y la calle son los espacios de relación por excelencia. Hasta la llegada de los “supermall” americanos o internet, el lugar común de esparcimiento y relación de los ciudadanos  eran las calles, plazas y parques. Y antes, disfrutar de ellas era gratis.

Impacto funcional y estetico

El uso con fines lucrativos del espacio público no es un fenómeno nuevo, pero se ha visto fortalecido como compensación hacia los hosteleros por el endurecimiento de la ley antitabaco. Desde que hace un par de años entrara la nueva ley en vigor, nuestras ciudades han visto incrementado el número de terrazas de forma notable. Producto de la flexibilización de las ordenanzas como medida de compensación, un colesterol en forma de mesas, sillas, toldos, pérgolas y carpas con gran impacto visual obstruye el paso por nuestras calles. 



En los centros históricos de nuestras ciudades, y especialmente en el caso de calles peatonales y plazas, la situación se ha vuelto asfixiante, y la superficie de uso lucrativo ahoga el espacio público, impidiendo no sólo el disfrute, real y gratuito, del mismo, sino el mínimo de funcionalidad exigible, dificultando el paso a los viandantes. Y a los servicios de emergencia. Determinadas normativas contemplan medidas para paliar este déficit, como la separación de las terrazas respecto a las fachadas, de manera que los peatones ciegos puedan referenciar su posición, pero lamentablemente esto es algo que ocurre en pocas ciudades.



Podría argumentarse que las tasas impositivas que los ayuntamientos aplican a la hostelería redundan en el beneficio de todos, y es posible que un buen administrador consiguiera esto. Pero todos sabemos en manos de quienes estamos, y por otro lado lo único seguro es que quien pone la terraza ya habrá tenido en cuenta esa carga. No se podrá decir entonces que es un nuevo método de redistribución de la riqueza, es un cambio de manos. 

A todos nos gusta disfrutar de las terrazas, pero necesitamos un punto de mesura. El espacio público ha de pertenecer a su legítimo propietario, el ciudadano. Otro modelo ha de ser posible. 

a mateos

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